Quaderns: Si en el anterior número de Quaderns relacionábamos domesticidad y política analizando cómo la pequeña escala de lo doméstico está directamente conectada con factores macroeconómicos, en este número ponemos el foco en la escala urbana ¿Qué papel ejerce el espacio público desde tu punto de vista?

Saskia Sassen: Cuando hablamos de espacio público lo hacemos de una categoría histórica bastante formalizada, la propia noción de espacio público está completamente instaurada en la forma misma en que pensamos. En ese sentido, la idea de espacio público en Europa significa algo muy específico, tiene connotaciones muy particulares. Cuando hablamos del espacio público europeo pensamos en un bien común muy importante, pero al mismo tiempo vemos cómo ese espacio contiene determinadas lógicas y códigos incrustados que, a medida que nuestras ciudades se hacen más grandes y heterogéneas acaban por convertirlo, de facto, en un elemento algo excluyente: el espacio público a menudo hace referencia a nuestras costumbres, no a otras costumbres. En ese sentido necesitamos algo más que ese espacio público ya reconocido, respetado, construido y cargado ideológicamente. Quizás, el espacio público adolezca de estar sobredeterminado. Necesitamos otras categorías.

En ese aspecto me interesa muchísimo la idea de espacio indeterminado. Todo el mundo debería poder reconocerse en él, fijémonos por ejemplo en un sujeto crítico: los sin poder, los discriminados, o la importancia de disponer de espacios indeterminados para movimientos sociales, como el 15M. Hablando de lo indeterminado, creo que la palabra calle en español no recoge ese significado que de algún modo sí contiene la palabra inglesa street. La palabra calle en español evoca cierta elegancia, street, por el contrario, evoca cierta idea de informalidad. Hace referencia a algo que no está totalmente terminado, algo que es todavía emergente. La idea de calle, entendida en ese sentido, es muy importante.

Q: Hablando de calle, a menudo te has referido al concepto de “calle global”.

S. S.: “Calle global” hace referencia al espacio complejo de la ciudad contemporánea. En la “calle global” se construyen los vínculos entre los grandes poderes políticos y económicos y el ámbito doméstico, los hogares. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió entre los años 2000 y 2005, cuando se promovió de forma activa el acceso a las hipotecas fomentándose la deuda –no podemos olvidar que el crédito es deuda–. De esta forma, el sistema global financiero comienza a entrar en el mundo modesto de la domesticidad y precisamente la deuda es el mecanismo para lograrlo.

La conexión de la “calle global” con los poderes económicos se da a través de los grandes capitales que van comprando trozos de nuestras ciudades, que a menudo ni siquiera desarrollan, de manera que muchas veces la ciudad se transforma en una forma más de acumulación de capital.

Sin embargo, también es el espacio de aquellos grupos de personas a los que habitualmente llamamos los invisibles, los sin poder. Siempre digo que la ciudad es el espacio en el que esos sin poder pueden hacer historia. Diría que la calle, en el sentido de street que comentaba arriba, se diferencia de la noción clásica europea de espacios más ritualizados. Street y square son distintos –incluso desde el punto de vista de su lectura política–, a la piazza y el boulevard, quizás dos de los elementos más emblemáticos del espacio público europeo.

La calle, concebida de ese modo, más que un espacio en el que representar rutinas ritualizadas, es un lugar en el que pueden aparecer nuevas formas de lo social y lo político.

Q: Precisamente acabas de presentar en Barcelona un libro que lleva por título Expulsiones. Sin duda, en muchos casos estas han sido originadas por ese mecanismo de deuda al que te refieres ¿Cuál es el papel de los poderes económicos respecto a ese tipo de situaciones de expulsión social?

S. S.: Para hablar de eso se puede tomar un ejemplo que todos conocemos, los encuentros del Foro Económico Mundial en Davos. La finalidad de dichos encuentros entre las grandes potencias económicas consiste en construir un contexto cultural para que las élites del mundo, tanto económicas como políticas y mediáticas, acepten el modelo neoliberal y de privatizaciones.

Los encuentros del Foro de Davos se vuelven peligrosos porque logran presentar cualquier tema bajo una nueva narrativa con el objetivo de desactivarlo. Por ejemplo, el tema del último encuentro ha sido la desigualdad. Todos los grupos de poder económico aceptan que es un tema importante a debatir. Y es aquí cuando estas reuniones se vuelven peligrosas porque se enfocan en la generación cultural de una nueva narrativa –y un lenguaje– que la conviertan en aceptable. La desigualdad ya no se presenta como tal sino descrita en sus propios términos. De esta forma se crean situaciones de expulsión social mientras, por otro lado, se transmite el mensaje de que se está trabajando en solucionar el problema.

Estamos viviendo un momento extremo en el que la condición de “expulsión” se vuelve invisible, porque nuestras categorías –volvemos aquí a Davos y la creación de un lenguaje– no pueden captar ese momento extremo. Vivimos rodeados de toda una serie de invisibilidades, conceptualmente hablando.

Q: El abuso del turismo, como en algún caso se ha producido en Barcelona, también ha producido lógicas de expulsión a pequeña escala. ¿Cuál es tu diagnóstico?

S. S.: Para hablar de la ciudad hay que tomar distancia hasta perderla de vista. La ciudad es un sistema complejo pero incompleto, y ahí reside su capacidad de seguir inventándose a través de los siglos, de captar historias momentáneas, sobreviviendo a reinos, gobiernos o empresas poderosas. Nada dura tanto como la ciudad en nuestra historia.

En ese sentido, la ciudad no puede definirse únicamente a partir de un factor como la densidad. Por ejemplo, un megaproyecto puede ser muy denso, pero no construye ciudad. Esa lógica puede aplicarse también al turismo, los megahoteles y las grandes infraestructuras derivadas, que no necesariamente construyen ciudad.

Q: Cuando reflexionamos acerca de la relación del espacio público con lo político, vemos cómo en los últimos años se ha puesto el foco en las nuevas tecnologías. Sin embargo, parece que es el espacio público y el hecho de compartir un lugar lo que ha permitido que se produjesen -o cuando menos se visibilizasen-, el malestar y el disenso de la población, como ha ocurrido en muchos de los movimientos de protesta de los últimos años. ¿Cuál es tu visión?

S. S.: Boston tiene un clima terrible, por lo que en las calles se producen continuamente agujeros en el pavimento. Para solucionar este problema, un grupo de residentes desarrolló una aplicación a fin de localizar los agujeros e informar al ayuntamiento de la ubicación de los mismos para que, de esta forma, se pueda ir a arreglar la calle. El proyecto se llama Fix my street y está basado en el conocimiento que tienen los propios ciudadanos de su barrio, de su localidad. Un conocimiento que supera enormemente el que puedan tener los expertos, a menudo supeditados a una visión centralizada que habitualmente domina las políticas de gestión de la ciudad. Ese es sólo un ejemplo muy modesto de cómo utilizar las nuevas tecnologías y el lenguaje open source (podéis ver mi artículo “Open sourcing the neighborhood“), y hacerlas converger con el espacio público.

En este contexto, el 15M puede ser entendido como el primer paso de una trayectoria que tiene que ver con nosotros: todos somos importantes para la ciudad. Por eso es tan importante en la actualidad que nuevas organizaciones, como Podemos, utilicen las nuevas tecnologías para activar la participación o para debatir sobre cosas muy concretas. Paralelamente, el espacio público desempeña un papel muy importante a la hora de reforzar el tejido de barrio, algo que es determinante para recuperar las economías locales y alejarse de la economía de los bancos, porque los bancos basan su estrategia en la extracción.

Q: Siguiendo la idea de ciudad global, ¿cuáles son los factores sistémicos que se están produciendo en la construcción del espacio público?

S. S.: Estamos viviendo un momento muy especial, hay un agotamiento generalizado. Mientras Syriza estaba tomando el poder en Grecia, madame Christine Lagarde decía públicamente que el FMI iba a trabajar con Syriza, contradiciendo de forma minimalista y elegante las intenciones del gobierno alemán. Al mismo tiempo, el jefe de la Banca Central Europea admitía que el programa de austeridad europeo no había funcionado. Este conjunto de contradicciones revela una búsqueda de cambio y, en el caso de varios países de Europa, la nueva política está surgiendo a partir de los encuentros en las plazas, en los espacios públicos.

Toda condición compleja que existe es parcial. Pero su parcialidad me permite entrar en una discusión más cercana que es la que posibilita que la gente se una y luche por una causa común. Por eso es importante que en España haya nacido un partido político como Podemos. Todos estos aspectos surgen del espacio público pero, al crear relaciones, también crean a su vez espacio público. Por ejemplo, en España existe un espacio económico increíblemente distribuido, en donde cada localidad tiene sus tradiciones y estas tradiciones incluyen economías distribuidas. Economías que emplean a gente y que además mantienen elementos culturales y están basadas en producciones locales como la ropa, el aceite o el queso.

Q: Anteriormente te has referido a los peligros de la instrumentalización del lenguaje, al problema que supone nombrar algo. Este número se titula ‘Atlas of Political Clichés,’ que sin duda tiene que ver con el lenguaje y el uso recurrente de cierta terminología -o conceptos- y sus trampas. ¿Cuál crees que es la importancia del lenguaje?

S. S.: La gran mayoría del vocabulario que se utiliza hoy en día no tiene fuerza. A veces utilizamos términos buenistas como una invitación a no pensar. Las categorías que uno utiliza para pensar son muy poderosas, concentran gran cantidad de información, de conexiones históricas de todo tipo, como “el Estado”, “la clase media”, etc.

Debemos repensar esas categorías. Por eso existe una necesidad de extender el espacio conceptual más allá del mundo social. Cuestionarse el lenguaje: no aceptar “cambio climático” sino “tierras muertas”. Esta es la única forma de que el mensaje no se manipule y logremos asumir la responsabilidad de nuestras acciones.

—Entrevista realizada en febrero de 2015 por el equipo editorial de Quaderns, Ethel Baraona Pohl, Guillermo López, Anna Puigjaner, José Zabala.

“Io ho presente ora il Palazzo della Ragione di Padova. Quando si visita un monumento di questo tipo si resta sorpresi da una serie di questioni che ad esso sono intimamente legate; e soprattutto si resta colpiti dalla pluralità di funzioni che un palazzo di questo tipo può contenere e come queste funzioni siano per così dire del tutto indipendenti dalla sua forma e che però è proprio questa forma che ci resta impressa, che viviamo e percorriamo e che a sua volta struttura la città.”
—Aldo Rossi, L’Architettura della Città.

Según Aldo Rossi, el Palazzo della Ragione de Padua ejemplifica de manera paradigmática la imposibilidad de circunscribir la función a la forma, la fragilidad extrema de los lazos que las unen. Rossi utiliza ese ejemplo para poner en duda la existencia de un correlato directo entre los edificios y la manera en que estos se emplean y se transforman a lo largo del tiempo.

Pero si, siguiendo a Rossi, convenimos que la función no resulta reducible a la forma (ni viceversa), debemos concluir que tampoco la forma puede ser a priori política sino que, precisamente, esta sólo puede ser repolitizada una y otra vez, a lo largo del tiempo, en un inacabable ciclo recurrente. A esa conclusión llega en L’architettura della città cuando separa el hecho principal de la polis –la política–, de su construcción: la política como elección. Sin embargo, no podemos dejar de pensar cómo algunos de los actos más primordiales de la arquitectura no pueden desligarse de lo político, ni lo político de la forma en su estadio más primigenio. Un primer trazado, el cardo y el decumano –la marca sobre un suelo aún no colonizado– o la construcción de un muro –sin duda, una de las formas más elementales de la arquitectura–, pueden ser actos puramente políticos en la medida que trazan un adentro y un afuera, una forma de pertenencia.

En esos instantes, la arquitectura se presenta en su desnudez como un acto político no exento de violencia y la cuestión traslada entonces su foco no tanto al devenir de la arquitectura o a la capacidad política de la forma como a su estadio previo, a todo aquello que la antecede: ¿quién decide qué edificio se asienta en un determinado lugar de la ciudad? ¿Quién decide las leyes urbanas que preceden y predeterminan un universo de formas todavía por desplegar?

Si, como afirma Rossi, la imagen de la ciudad se elige siempre a través de sus instituciones políticas, la pregunta entonces recae sobre ellas, especialmente en un momento en que se reclaman nuevas formas de gobernanza.

Los múltiples movimientos sociales que se han producido en los últimos tiempos, desde el 15M hasta Occupy Wall Street en Nueva York pasando por Taksim Gezi o la plaza Tahrir, han revelado –pese a sus naturalezas y motivaciones distintas– no sólo un cambio profundo en la propia idea de espacio público y la forma en que este se ha ampliado a través de la tecnología, sino la exigencia compartida de nuevas formas de gobernanza más democráticas y transparentes. Precisamente, la pacificación y la homogeneización sistemática de esos espacios públicos evidencian hasta qué punto el espacio físico sigue siendo todavía el último escalafón en el que se puede representar e iniciar cualquier forma de renovación de toda hegemonía imperante. Más allá de las nuevas tecnologías, las funciones originalmente inherentes al espacio público, tales como la representación o la reunión –la celebración, la fiesta– se han mantenido inalteradas. El espacio público puede ser considerado sin duda como el espacio legítimo de celebración de lo político.

***

Este número de Quaderns explora algunos de los temas planteados en el número anterior, House and Contradiction. Si aquel estaba dedicado a las relaciones entre domesticidad y política, este pretende analizar la relación entre política y espacio público. Una continuación lógica si tenemos en cuenta en qué medida en la propia definición de lo doméstico a menudo se desdibuja el límite existente entre lo urbano y la casa, entre lo privado y lo público. Es imposible comprender lo doméstico sin comprender su unión indisociable con el espacio público, su naturaleza complementaria.

¿Cuál debe ser el papel del arquitecto frente al espacio público y la arquitectura en medio de una nueva voluntad regeneradora? ¿Cuáles son los límites –políticos, fácticos y legales– de la propia disciplina arquitectónica y de qué modo pueden ser redefinidas las reglas del juego? Al fin y al cabo, ¿cuál es la capacidad política real de la arquitectura?

Pese al carácter tópico de esas preguntas –de su pertenencia al mundo de los clichés–, la continua formulación de esas cuestiones recurrentes sigue siendo necesaria en la medida en que actúan como un talismán, como un acicate capaz de dotar de sentido a la arquitectura si queremos entenderla como lo que exactamente debería ser: una forma de compromiso.

—Ethel Baraona Pohl, Guillermo López, Anna Puigjaner, José Zabala. Editores

/// En este número doble hemos contado con la colaboración de un amplio grupo de profesionales de diferente perfil, entre ellos Núria Alabao, Pier Vittorio Aureli, David Bestué, Josep Bohigas, Craig Bucley, Joan Busquets, Matilde Cassani, Curro Claret, Núria Colomé, Beatriz Colomina, Cristina Gamboa, Ignacio González Galán, Boris Groys, Owen Hatherley, Evangelos Kotsioris, Moritz Küng, David Martínez, Rubén Martínez, Anna-Maria Meister, Zaida Muxí, Marina Otero, Ugo La Pietra, Dafne Saldaña, Manel Sangenís, Saskia Sassen, Malkit Shoshan, Pelin Tan y Oriol Vilanova.

En cuanto a la sección Observatorio, Nuevas Narrativas, la revista ha contado con la participación de los estudios Brandlhuber + Emde, Burlon; Barceló, Guerra, Santomà; Productora; Goig – Pol Esteve y The Decorators.

Para resolver estos problemas no se suele acudir a los arquitectos. Seguramente porque no se piensa en ellos como alguien dispuesto a atenderlos, ni a interpretar el historial de una persona o de una comunidad que exigen un análisis cuerpo a cuerpo.

Arquitectes de Capçalera (Arquitectos de Cabecera) ofrece gratuitamente a los vecinos más necesitados del barrio del Raval la posibilidad de colaborar con futuros arquitectos para imaginar, proyectar y estudiar la viabilidad de tales cambios en sus casas y en las comunidades, mejorando el hábitat y las relaciones entre ellos.

Se trata de acompañarlos en la cartografía de sus necesidades y el diagnóstico de las posibles soluciones, guiándolos hacia la puesta en marcha de las rectificaciones necesarias, tanto proyectuales como de gestión legal y obtención de ayudas económicas para su implementación. Todo ello con la voluntad de establecer un contacto próximo y reconectando la arquitectura con la sociedad como principal objetivo. Una oportunidad de poner en valor modelos de cooperación en los que el aprendizaje interviene directamente en acciones dirigidas para y desde la ciudadanía.

Arquitectes de Capçalera en la exposición Piso Piloto

En el patio del CCCB , durante el periodo de la exposición “Piso Piloto”, se abrió la Oficina Gratuita de Atención al Vecino con la intención de abordar una serie limitada de casos. Un equipo de estudiantes y profesores del curso Vivienda y Ciudad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) se dedicó a atender las consultas de los vecinos.

En la universidad se nos forma en un supuesto abecé que nos dota de los instrumentos necesarios para ejercer como arquitectos. Los diversos y simultáneos planes de estudio muestran la enorme dificultad de fijar los criterios básicos que intentan compatibilizar lo que la profesión necesita y lo que ordenan los requerimientos legales europeos, estatales o comunitarios, a menudo regidos por bases generalistas que no reconocen la singularidad de unos estudios que se balancean entre lo técnico, lo artístico y lo social. Cada unidad docente, incluso cada profesor, tiene la responsabilidad y la facultad de acentuar los pocos resortes que le quedan para orientar los estudios hacia donde crea conveniente en un momento donde la doble crisis –económica y profesional– nos empuja a reformular los fundamentos de la formación del arquitecto.

Unos profesores creen que lo importante es aprender una técnica de herramientas y elementos constructivos y unas supuestas leyes compositivas que permitan proyectar y, en última instancia, construir edificios. Otros cargan las tintas en los aspectos culturales y artísticos, entendiendo que el arquitecto ejerce de director creativo que, con un conocimiento técnico esencial, le permite operar y coordinar la materialización conceptual y estilística del proyecto. Otros, en cambio, engloban la arquitectura en un campo cultural más difuso en el que el arquitecto (construya o no) media en una sociedad más compleja donde la experiencia técnica está al servicio de un aspiración colectiva teñida de otros agentes que exigen la complicidad de las ciencias sociales con la voluntad de agotar la realidad a través del proyecto.

Todas estas visiones simultáneas y complementarias acentúan el carácter de cada plan de estudios según sus tradiciones y, cómo no, según la realidad laboral en la que operan. Porque no lo olvidemos, todas deberían compartir un objetivo común que es el de ofrecer unos estudios que garanticen la inserción laboral de sus estudiantes.

Hoy, en Barcelona y en el resto del país, este objetivo está lejos de ser alcanzado. Tan sólo hay que repasar las estadísticas para darse cuenta de las enormes y dramáticas dificultades de los arquitectos para encontrar trabajo y, ya no digamos, para emprender aventuras empresariales propias.

Unos dirán que el problema es circunstancial, con lo cual no hace falta que la universidad se adapte a tales vicisitudes “todo volverá a su estado normal” –dicen– y sugieren no modificar sustancialmente el perfil del arquitecto porque tarde o temprano recuperará su estatus original y la sociedad seguirá necesitando arquitectos técnicos (¿superiores?) con talento que retomen el cetro y la corona de lo edificado. Otros claman por revisiones profundas de los contenidos y cometidos de una profesión que ha cambiado para siempre: ya sea asumiendo el despojo de cierta responsabilidad técnica, compartiéndola con otros colectivos que a base de simplificar y especializar conocimientos han demostrado la misma eficiencia, o sea por autoexigirse un mayor compromiso con una sociedad indispuesta que clama por una transformación desde abajo y donde el arquitecto todavía no se ha incorporado plenamente, como agente de política ciudadana, a los procesos de gestión, negociación o comunicación comunitaria.

La desorientación es considerable y cada unidad docente la afronta acentuando su criterio. En el caso de la ETSAB –la indiscutible protagonista de los años gloriosos de la Barcelona influyente en temas de arquitectura y urbanismo–, los cambios parece que llegan a trompicones. Después de la orfandad de referentes (muertes, jubilaciones, abandonos), hoy no existe nadie que pueda empujar y dar un sentido unitario a una transformación profunda. De hecho, ni tan sólo creemos que tal visión unitaria sea deseable en una profesión diversificada y cada vez más alejada de la sociedad, y en una escuela menguante (de estudiantes, recursos e influencia) que se resiste a renovar sus estructuras.

Algo parecido sucede en el conjunto de la sociedad, donde la degeneración de la democracia y de los partidos políticos está produciendo un trastorno del sistema. Estamos viviendo un momento crucial donde una ciudadanía que no se siente bien representada reclama una mayor participación, transparencia y un rumbo decidido hacia un nuevo modelo. A la universidad, que tiene mucho de laboratorio pero que nunca ha perdido del todo un enlace con la realidad social, se le auguran también cambios profundos. Los primeros síntomas se han vivido en estos últimos años con emocionantes asambleas donde muchos estudiantes han reclamado mayor participación en la definición del modelo de estudios, con mayor contingencia en una realidad apremiante y con visiones complementarias a la del invariable arquitecto constructor. Estudiantes esperanzados que siguen creyendo que la universidad es el mejor puente para estrechar el contrato que la profesión tiene con una sociedad que hoy por hoy, nos ve distraídos con un supuesto embellecimiento de nuestro entorno, bajo las consignas del poder político o de la presión de un capitalismo desbocado.

Y aunque el estudiante reclama cambios, es sorprendente que –por ejemplo– los planes académicos sobre la vivienda sigan todavía tan cerca del “encargo” y estén tan lejos de las emergencias que sacuden a nuestra ciudad y por extensión al mundo. Sólo hay que preguntar a asociaciones como Cáritas, Arrels, la PAH, Médicos sin fronteras, o incluso a los militares, cuántos arquitectos cooperan con ellos. Pero todavía más importante es preguntarles qué valor añadido o intrínseco creen que pueden aportar a su ingente labor de contribuir a la mejora del hábitat de unos colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y que, hoy por hoy, no cuentan con nosotros.

A penas nos necesitan y no es fácil aceptarlo, a pesar que la materia prima con la que trabajan (sujetos y objetos) son de nuestra incumbencia. En la universidad seguimos poco preparados para demostrar capacidad en estos temas o, mejor dicho, seguimos poco dispuestos a aceptar que estos temas también forman parte de nuestras capacidades.

Coderch, en su archicitado articulo para Domus de 1961 “No son genios lo que necesitamos ahora”, nos recordaba este contrato con la realidad: “Abre bien los ojos, mira, es mucho más sencillo de lo que imaginas.”

Dudo que sea más sencillo, pero sin duda es más urgente, útil, sorprendente, apasionante y pedagógico de lo que muchos profesores imaginamos. La realidad supera la ficción y, a mi entender, la escuela vive en una determinada ficción con baños de realidad impostada por un heredado guión que pocos podrán poner en práctica en el futuro. El arquitecto que todavía no existe (al menos en los planes académicos) es otro arquitecto que debería poder trabajar sin un guión cerrado que prejuzgase los problemas y las soluciones, sino más bien alguien que investigase abriendo bien los ojos, convirtiendo el proyecto en una suerte de documental donde, paso a paso, se describiera la utilidad (¡y la belleza!) del proyecto.

Los mejores ejemplos están fuera de la universidad, en manos de colectivos multidisciplinares que día a día inventan pequeñas propuestas piloto –reales y utópicas– que hacen emerger obviedades que la academia no ve, no mira, o que a duras penas están relegadas a “optativas”. Ellos nos muestran el enorme potencial de cooperar en la gestación y en la cogestión del proyecto con la gente. Saber preguntar, reclamar, comunicar y, en definitiva, compartir el conocimiento compatibilizando el trabajo de investigación íntimo de laboratorio con una clara vocación de abrir el proceso bajando a la arena para contaminarlo de la cruda realidad.

No sabemos qué va a pasar con la ETSAB y la ETSAV. Cada día aparecen nuevas e intrigantes voces que auguran una progresiva desaparición de alguna de ellas, de la venta de sus sedes para sufragar la enorme deuda de la UPC, de la reducción de la ya mísera remuneración económica de sus profesores asociados, de la imposibilidad de incorporar nuevo profesorado o de negar recursos para las investigaciones en curso… Hoy, invitar a alguien a dar una conferencia es fundamentalmente un compromiso de favores personales difíciles de mantener, y publicar algo, una pesadilla agotadora. La nueva dirección de la ETSAB intenta abordar las evidentes carencias con nuevas y prometedoras ideas que deseamos mantengan la frescura y el compromiso de no justificar los cambios sólo a través de recortes. Pero hoy las soluciones no creo que emerjan con sutiles ajustes ni, mucho menos, con debates internos entre las castas profesionales que levantan la bandera de la autoría y supuesta responsabilidad del “encargo”.

El politólogo Joan Subirats en su artículo “Repolitizar la Arquitectura”, publicado en El País a raíz del proyecto “Barraca Barcelona” de 2003, recordaba que a partir de los noventa la arquitectura abandonó su compromiso social y político y sólo se preocupó de los temas estilísticos. Tenemos abundantes pruebas de ello cuando vemos como las estrellas de la arquitectura se mueven por el mundo aprovechando las grandes oportunidades de una economía globalizada y de una tecnología que les permite audacias insospechadas. Un arquitecto, como cualquier otro técnico, debería empezar a tener problemas de conciencia si desvincula totalmente soluciones técnicas de problemas sociales y de objetivos explícitos o implícitos con relación a lo que se pide. Necesitamos introducir la política en lo que hacemos y urge que la universidad acepte el reto de repolitizar la arquitectura y preguntarse para qué sirve lo que se hace, quién gana y quién pierde con ello y al servicio de qué realidad ponemos nuestro trabajo.

—Josep Bohigas, arquitecto. Comisario de “Barraca Barcelona”, “APTM” y “Piso Piloto” y promotor de Arquitectes de Capçalera

***

En Febrero de 2016, la iniciativa Arquitectes de Capçalera ha sido reconocida con el Premi Ciutat de Barcelona 2015. Desde Quaderns nos unimos a las merecidas felicitaciones.

Más información en Arquitectes de Capçalera

***

Los tomates brillan al sol y ya maduros se dejan arrancar fácilmente por una señora mayor de sombrero blanco. El huerto se extiende en buena parte del solar. A un costado, un grupo de personas de todas las edades conversan sobre unos bancos construidos con restos de derribo. Es Manhattan, un día de verano de 1973. La crisis del petróleo golpea Nueva York. La conflictividad social sigue en constante aumento en ciertas áreas donde decae la actividad inmobiliaria. Desde ese año hasta hoy, los Guerrilla Gardens ocupan por cientos solares vacíos de la ciudad.

***

Un domo blanco cubre una grada de madera donde, a la sombra, unas personas escuchan una charla sobre biocombustibles. Fuera, algunas personas cocinan en una parrilla mientras conversan. Niños que corren. Alguien remueve la tierra para empezar a sembrar en una esquina del solar, hasta hace poco vacío y amurallado. Estamos en Barcelona un día de 2015. El lugar no es gestionado y equipado por las autoridades locales como en el caso de los parques de Van Eyck, ni ha sido ocupado y luego legalizado ante la presión de la comunidad como muchos de los huertos neoyorkinos; en cambio, es el resultado de un programa público del Ayuntamiento que cede temporalmente estos espacios a organizaciones del barrio. Este programa del Departamento de Participación del Área Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, conocido como Pla Buits,[1] selecciona solares urbanos en desuso y, mediante un concurso público, los ofrece temporalmente para la gestión ciudadana.

***

The playground at Laurierstraat, Amsterdam in the 1960s, one of the 700 that Aldo van Eyck designed for the city. (Photo: © Ed Suister, courtesy Amsterdam City Archives)

Estas tres imágenes sirven para hilvanar un relato: una historia de solares, políticas urbanas y gestión comunitaria.

Tras la II Guerra Mundial, el pacto social que supuso el Estado de bienestar implicaba que las instituciones públicas se harían cargo de mitigar las desigualdades mediante una cierta planificación y redistribución. Esto podía suponer la construcción de parques públicos como los de Van Eyck o la edificación de vivienda social que alimentó el movimiento moderno. Durante esos años dorados de la planificación urbanística y las utopías urbanas, este movimiento apostará por responder a las necesidades humanas mediante una arquitectura social financiada con fondos públicos. Es importante recordar que el pacto keynesiano buscaba frenar la extensión del comunismo, que también había hecho sus propios experimentos en arquitectura política.[2]

En las ciudades capitalistas, por encima o más bien en los costados del desarrollo urbanístico de carácter especulativo, los espacios donde habitar en común tendrán que ser peleados por las comunidades como en el caso de las ocupaciones vecinales de los Guerrilla Gardens neoyorkinos. Durante la década de 1970, la crisis del petróleo paraliza el mercado inmobiliario y deja un sinnúmero de solares vacíos y de vidas rotas por el desempleo y la pobreza. Esa misma crisis supone el punto de ruptura del pacto de posguerra y marca la decadencia progresiva del Estado de bienestar como forma de gobierno y de la conflictividad social en los países desarrollados. Narrativa que será sustituida por otra que justifica la reducción al mínimo de la intervención estatal propugnada por el orden neoliberal. A partir de esa década, la arquitectura no volverá a expresar valores públicos sino únicamente los del sector privado.[3]

Volvamos al presente, a una Barcelona pionera en políticas de branding metropolitano –su marca, su Fórum de las Culturas 2004–. En estos momentos, una nueva crisis en Europa está en la base de una creciente movilización social sobre todo en el sur, donde es improbable que un nuevo keynesianismo pueda confrontar las catástrofes provocadas por el capitalismo financiarizado, sus burbujas especulativas y sus paraísos fiscales que imposibilitan el reparto. Entonces, ¿qué nuevos relatos harán falta para apuntalar el próximo modelo que surgirá de esta frontera que sin duda atravesamos hoy?

Respecto al gobierno de la ciudad, el gran relato es el de la smart city, cuya apuesta por el impulso público de una ciudad tecnologizada –aunque articulada de la mano con el sector privado– encaja mal con una política de reducción del gasto público. Sin duda hoy –menos visibles pero no menos importantes para entender el futuro de la vida urbana– nuevos mecanismos de gestión de lo público están emergiendo.

Un capitalismo “social”

La propuesta del Pla Buits centrada en la gestión comunitaria de espacios en desuso recoge una demanda histórica del movimiento vecinal de la ciudad que encaja bien con las políticas de recortes del gasto público y con la ralentización del sector inmobiliario. Ante la incapacidad del Estado de activar productivamente espacios de la ciudad que han perdido valor momentáneamente y de proveer necesidades básicas de los ciudadanos –aquellos derechos sociales conquistados mediante luchas que duraron más de un siglo y hoy en peligro–, este experimento institucional trata de ensayar un nuevo modelo de gestión. Uno donde el tejido social, siempre activo para proteger la vida, se pueda redirigir a solucionar lo que se contempla como un problema pasajero de la gestión pública, apenas un paréntesis, de ahí la duración temporal de las concesiones. Es lo que la responsable del programa en el Ayuntamiento, Laia Torras, denomina la “gestión del mientras tanto”.

Podemos decir que estos nuevos discursos apelan a formas mixtas entre la subjetividad artista de las clases creativas posfordistas y cierta conciencia social activada como nicho de mercado de necesidades sociales insatisfechas.[4]

Para decirlo un poco más claro: autogestión siempre ha habido en la sociedad moderna, desde las cooperativas obreras y sus redes de apoyo mutuo hasta las ocupaciones, ya sean de edificios o tierras urbanas o rurales. Pero es ahora cuando se conduce institucionalmente a estas prácticas para convertirlas en un espacio económico y productivo más. A ese tipo de mecanismo parece responder una política como el Pla Buits, donde arquitectos sin trabajo por culpa de la crisis –y clases medias o ex clases medias cualificadas– se vinculan a vecinos necesitados de espacios de vida comunitaria pero también de ocio y consumo baratos. Lo que podría ser una alianza interclase para reconquistar lo público, por lo pronto se comporta como una mutua instrumentalización.

Taller Verical, Pla BUITS, 2013. Foto: Re-Cooperar

Gestión social e innovación social

No es gratuito que a este tipo de experiencias comunitarias se las empiece a denominar “experiencias de innovación social”, retórica fomentada desde los think tanks más novedosos, verdadera bisagra de la smart city que conecta la creatividad social con lo privado capaz de extraer su plusvalía.

Como ejemplo, la experiencia del Barcelona Open Challenge, un concurso del Ayuntamiento de Barcelona de 2014. Una llamada a “emprendedores” destinada a “transformar el espacio público y los servicios de la ciudad” que ponía en el centro los conceptos de innovación social y de emprendeduría como motores productivos. El mensaje subyacente en este tipo de programas es que las respuestas a las demandas sociales tienen que pasar por partenariados público-privados que puedan sostenerse sobre la creatividad social y las redes comunitarias que habitan un territorio urbano desvalorizado.

En estos discursos no se hablará más de derechos sociales, sino de retos que pequeñas iniciativas privadas pueden solucionar, una de las claves de por qué hoy interesa tanto promover la ‘innovación social’ a escala europea.[5]

Frente a la crisis de legitimidad del Estado, ¿quién mejor que el propio ciudadano para diseñar servicios públicos? Frente a la crisis económica y la falta de liquidez pública, ¿qué servicio público a menor coste que el realizado por las propias organizaciones sociales? Frente al desempleo generalizado, ¿acaso la emprendeduría no es una posible solución?

No hablar más de derechos colectivos, sino de retos laborales individuales. No más redistribución social, sino contribuciones personales de los emprendedores. La desposesión de derechos sociales crea un espacio desatendido que abre camino a un mercado más “social”: los derechos como nicho de mercado. Una estrategia promovida por las instituciones europeas que tiene como objetivo cambiar el aparentemente inviable Estado de bienestar por una “sociedad participativa”[6] más adaptada a los nuevos tiempos: la representada en programas como el Pla Buits o Barcelona Open Challenge.

Los ciclos de crisis conllevan profundos cambios institucionales. Si bien los ciclos pasados nos pueden ayudar a entender el presente, no hay nada automáticamente dado en esos procesos de regeneración. La calidad de las formas institucionales de cada época no la produce ningún think tank, sino que se construye socialmente. La autogestión ciudadana de solares o la autotutela de derechos prefiguran una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad que tanto apunta al diseño ortopédico de mentalidades free-rider como a un escenario de revolución democrática. No está escrito que sea una u otra cosa, ni parece depender del número de concesiones públicas que están por venir. Las toneladas de recursos comunitarios invertidos en solares autogestionados y la solidaridad que forjan los movimientos urbanos no son un capital fijo para emprendedores sociales sino la maquinaria que quizás nos lleve a asaltar los cielos.

—Nuria Alabao, periodista y antropóloga. Miembro de La Hidra Cooperativa que forma parte de la red de cooperativas, centros sociales y grupos de investigación autónomos: Fundación de los Comunes.
—Rubén Martínez, Especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Autor de los libros Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013), entre otros.
—–
[1] Buits Urbans amb Implicació Social i Territorial (Huecos Urbanos con Implicación Social y Territorial). Más información en la web del programa: http://bcn.cat/habitaturba/plabuits
[2] Si Le Corbusier expresa perfectamente ese keynesianismo en sus “máquinas de habitar”, el ruso Ginzburg en el que se inspira no sólo es un arquitecto comprometido con la Revolución Soviética, sino que su Narkomfin pretende contribuir a fomentar una forma de vida más comunitaria incluyendo espacios de vida colectiva en la vivienda. Dos polos de la geopolítica arquitectónica conectados por el hilo de la intervención estatal.
[3] Koolhas, Rem (2014) My thoughts on the smart city. Digital Agenda for Europe.
[4] Para un análisis de la centralidad de ciertos perfiles socioeconómicos en el liderazgo de estos procesos ver “la innovación social es de clase media” http://www.nativa.cat/2014/10/la-innovacion-social-es-de-clase-media/
[5] En busca de un análisis más profundo de estas hipótesis, Rubén Martínez (coautor de este texto) trabaja actualmente en una investigación sobre el fomento de políticas de innovación social en Barcelona y Madrid. Algunos escritos relacionados con esa investigación se pueden leer en: http://leyseca.net/category/innovacion-social/
[6] Subirats, Joan (2013) ¿Del Estado de bienestar a la sociedad participativa? El País.

“¿Trabajas en banca?”, pregunta el gerente cuando aparezco con seis quilos de ropa sucia comprimida en una bolsa de propaganda de la principal entidad financiera del país. “No reconozco tu acento, ¿de dónde eres?”. Con cada transacción, me somete a un breve interrogatorio. Un año después ya conoce mi dirección, número de teléfono y número de tarjeta de crédito; mis horarios, mi profesión, la empresa para la que trabajo; mi ropa interior, nacionalidad, tipo de visado y vida sentimental. A veces me descubro soñando con tener una lavadora. El otro día, mientras esperaba a que me entregara un par de camisas, me he fijado en los certificados que están enmarcados tras el mostrador. “Operation Nexus” leo, “Este negocio participa con la policía de NYC en labores de contraterrorismo”. El gerente, que ya ha vuelto con las perchas, me descubre mientras intento tomar nota. “Entonces, dijiste que eras arquitecta, ¿no?”.

En 2012, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre, la policía de Nueva York estableció la Operación Nexus, una red nacional de colaboradores, incluidos negocios habituales como aparcamientos, lavanderías o almacenes, unidos con un fin común: la prevención de un nuevo atentado terrorista en el país. Desde el inicio de la Operación Nexus, la policía ha visitado más de 30.000 establecimientos para animar a sus dueños y empleados a utilizar su experiencia profesional en labores de contraterrorismo. Para ello, se les proporciona una lista de protocolos personalizados con los que identificar “compras, encuentros o actividades que puedan tener conexiones con el terrorismo” e informar de ello a las autoridades.[1] A cambio, reciben un certificado enmarcado (como el de la lavandería de mi barrio) y se convierten en el primer mecanismo de alerta para proteger a la ciudad de Nueva York contra otro ataque terrorista.

De vuelta a casa, mientras hago una búsqueda rápida en la red sobre Operación Nexus, pienso que, tal vez, debiera llevar la ropa sucia a otro sitio; también en cómo las “arquitecturas de la seguridad” afectan a nuestra relación con el espacio público. En el siglo pasado, y sobre todo en el actual, hemos sido testigos de lo que Giorgio Agamben menciona en su libro Estado de excepción como la “generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno”.[2] Para las autoridades, al igual que para el gerente de Bubbleworks, todos somos una amenaza para el país, hasta que se demuestre lo contrario. Observados en la red, en los aeropuertos y también en las lavanderías, las medidas de seguridad establecidas para prevenir ataques terroristas han convertido la presunción de inocencia en presunción de culpa. Como muchas de las iniciativas de contraterrorismo establecidas desde el inicio de la denominada Guerra Contra el Terror, la Operación Nexus y su marco general denominado Urban Shield nos convierten a todos (y en especial a los inmigrantes) en sospechosos y, también, en vigilantes —“permanezca alerta y tenga un día seguro”, recuerda la voz del metro neoyorquino en cada trayecto.

El terrorista, según afirma la policía, puede ser cualquiera que se haga pasar por “un cliente legítimo a fin de comprar o alquilar equipos y materiales, o someterse a cierto entrenamiento que le permita adquirir habilidades o licencias” que posteriormente podrían utilizarse para facilitar un atentado.[3] En este proceso, como nos recuerda el filósofo Étienne Balibar, el extraño es transformado en enemigo y es, en demasiadas ocasiones, sometido a represiones violentas y discriminaciones institucionales o, simplemente, a una continua vigilancia que amenaza su privacidad y su libertad de expresión.[4] No, no tengo nada que esconder, pero hace meses que llevo a Bubbleworks sólo aquello que no puedo lavar a mano afanosamente durante los fines de semana. Entiendo la importancia de proteger la seguridad nacional, pero prefiero no sentirme sospechosa cuando recojo mi ropa interior o al ver como lo que podría ser una charla amistosa de barrio se convierte en un mecanismo policial para la extracción de información sobre los ciudadanos.

El de la lavandería es, seguramente, el ejemplo más banal de como las prácticas actuales de vigilancia sin restricciones, fruto de las alianzas entre los sectores públicos y privados y los fines económicos y políticos a los que sirven, violan los derechos fundamentales y socavan la democracia. La recopilación de datos no tiene por qué ser necesariamente perniciosa, pero debemos prestar atención a las técnicas de poder que están en juego, algo que nos recuerda la declaración firmada por académicos de todo el mundo en contra del espionaje masivo. A través de esta carta solicitan a los estados que protejan eficazmente los derechos y libertades fundamentales y, en particular, nuestra privacidad. “Está protegida por los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos,” nos recuerdan, “sin privacidad, la gente no puede expresar libremente sus opiniones o buscar y recibir información”.[5] Y es que las tácticas de contraterrorismo adoptadas por gobiernos y ejércitos ponen en evidencia la violencia inherente al ejercicio del poder y su capacidad para emprender acciones destinadas tanto a nuestra protección como a la destrucción de aquello que posibilita nuestra vida en común, incluida nuestra libertad y capacidad política.

La arquitectura participa de estos procesos. Podría argumentar que la situación respecto a Bubbleworks se solucionaría teniendo una lavadora en casa. Pero en Nueva York, en muchos casos, su instalación está prohibida por contrato y hay quien termina colocándola ilegalmente y desaguando directamente en la bañera. La cuestión va más allá y la solución no es cambiar de lavandería, sino una acción política capaz de articular desde la legislación que regula la arquitectura doméstica hasta las tecnologías y “arquitecturas de la seguridad” que construyen la ciudad global “inteligente”. El territorio dibujado por la Guerra Contra el Terror está localizado en la intersección entre los espacios físicos y legales, y se caracteriza por el uso creciente de la tecnología y los protocolos de guerra en el espacio cívico. Su aparato de “seguridad pública” tiende a ser gestionado desde los intereses privados.[6] En este contexto, a veces llego a olvidarme de que paseo todos los días bajo la mirada de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia urbana, incluso a interiorizar la coreografía que dibuja mi cuerpo —fuera chaqueta y zapatos, brazos detrás de la cabeza— al ritmo de los controles en los aeropuertos. Al hablar por teléfono, enviar mensajes y usar las redes sociales, mis preferencias y movimientos se almacenan en la nube, donde los comparto con amigos y familiares y, de paso, con programas de espionaje y empresas de recopilación de datos. Mis hábitos son analizados por algoritmos que me clasifican y por gerentes de lavanderías reconvertidos en informadores de la policía. Mediante una operación discursiva, las instituciones de poder normalizan este espacio de indeterminación entre legalidad e ilegalidad, ley y violencia, presentándolo como un instrumento efectivo en la lucha antiterrorista. La emergencia se convierte en la regla y la ciudad, en un campo de batalla.

Pero si desde las instituciones de poder se suspenden jerarquías legales y sociales para garantizar la seguridad, estas medidas son contestadas por movimientos cívicos antagonistas que emplean las innovaciones tecnológicas para construir espacios de libertad y acción política: redes internacionales de fuentes anónimas para la filtración de información clasificada; drones caseros que escudriñan las acciones de la policía; sistemas de encriptación para activistas, periodistas y organizaciones humanitarias; proyectos arquitectónicos con blindajes tipo Faraday, o simplemente acciones que van desde tapar la cámara del ordenador con un post-it, hasta negarnos a pasar por los escáneres corporales. Este es el espacio en que se desarrolla nuestra convivencia colectiva, la ciudad como una gran celebración de la anomia.

De hecho, como nos recuerda Agamben, el término iustitium —designación técnica del estado de excepción— construido como solstitium significa literalmente suspender el ius, el orden legal, lo que pone el estado de excepción en relación con las prácticas festivas como el carnaval y otras tradiciones chariváricas.[7] “Las fiestas anómicas dramatizan esta irreducible ambigüedad de los sistemas jurídicos y muestran, al mismo tiempo, que lo que está en juego en la dialéctica entre estas dos fuerzas es la propia relación entre el derecho y la vida.”[8] La fiesta anómica es, siguiendo este argumento, el espacio en el que tenemos licencia para suspender jerarquías legales y sociales y establecer nuevos órdenes, y en el que es posible llevar a cabo acciones “verdaderamente políticas”, aquellas que, como nos propone Agamben, sean capaces de “cortar el nexo entre violencia y derecho”.

No cambié de lavandería. En una ciudad como Nueva York agradeces que se interesen por ti, que te llamen por tu nombre, que te pregunten por tus amigos y tu familia. Que se te eche de menos cuando estás de vacaciones. Con cada pregunta, el gerente de Bubbleworks, en representación de la Administración, me protegía contra los peligros del terrorismo al tiempo que me sometía a una violencia legalizada y normalizada, articulada por las lógicas del neoliberalismo económico y enmascarada tras una charla informal. Horas antes de dejar la ciudad —y el país— decidí realizar una última visita a la lavandería, esta vez para declarar mi derecho a la privacidad y el peligro de los programas de vigilancia. Y, en el fondo, para probarme no culpable. Al entrar, encontré a mi vecino explicando como había pasado el fin de semana. Pagué la colada de ropa sucia, hice una foto al diploma, y me despedí con un “hasta luego”.

Mi próxima casa tendrá lavadora. Aunque sea instalada ilegalmente.

—Marina Otero Verzier. Head of Research and Development, HNI. Chief Curator with the After Belonging Agency, OAT’16

—–
[1] Operation Nexus, Police Department City Of New York (NYPD), página web oficial de la Ciudad de Nueva York, [Consulta: 12-11-2014]. Disponible en: http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/counterterrorism.shtml
[2] Giorgio Agamben, State of Exception, trad. Kevin Attell (Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2005), 12 (cita traducida por el autor de este artículo).
[3] Operation Nexus, Police Department City Of New York (NYPD), página web oficial de la Ciudad de Nueva York.
[4] Ver Étienne Balibar, “Strangers as Enemies, Walls all over the World, and How to Tear them Down, conferencia en Columbia University, 3 de noviembre de 2011. Disponible en: https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=45634
[5] “Academics Against Mass Surveillance” [consulta: 4-1-2014]. Disponible en: http://www.academicsagainstsurveillance.net
[6] Judith Butler ofrece una reflexión sobre las consecuencias de la militarización de la fuerza policial en Estados Unidos y el programa de contraterrorismo UrbanShield en la conferencia “HumanShield”, impartida en London School of Economics el 4 de febrero de 2015. Disponible en:
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=2859
[7] Giorgio Agamben, State of Exception, 41, 71.
[8] Ibid., 73.